La misión del JRS México es acompañar, servir y defender a refugiados y migrantes forzados de manera integral en contextos de violencia y discriminación, en un doble horizonte de reconciliación y acceso a derechos, que va de la acción humanitaria integral (acogida y protección) a la promoción, la integración y reconstrucción del proyecto de vida, brindando así caminos de encuentro, esperanza y hospitalidad en sus comunidades de acogida y/o lugares de destino; y lo hace de forma articulada y multidimensional en redes, planes conjuntos y procesos de incidencia pública con otros actores de la sociedad civil y las iglesias. 

  

Bajo este marco, el JRS México, considera pertinente fortalecer el acompañamiento en términos de integración y reconstrucción del proyecto de vida de las personas refugiadas con las cuales caminamos en Tapachula, Chiapas, México. Practicando dentro de cada acción que se implementa, valores como la compasión, esperanza, dignidad, solidaridad, hospitalidad, justicia y participación. 

  

El contexto en el cual se desenvuelve el trabajo de la oficina de terreno en Tapachula es directamente con poblaciones que han estado expuestas a altos niveles de violencia, la cual ha ido en aumento, principalmente en la región centroamericana de donde proviene la mayor cantidad de población que el equipo del JRS México acompaña. Dicho aumento de los niveles de violencia ha traído de forma paralela un incremento sin precedentes en el número de solicitudes de la condición de refugiado presentadas ante las autoridades mexicanas.  

  

De acuerdo con las cifras de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) en 2019 70,302 personas presentaron solicitudes de reconocimiento ante esta instancia, lo que constituye un aumento de más del 230% en comparación con las 29,630 solicitudes presentadas en 2018. Tal y como se puede observar en la siguiente gráfica, casi la mitad de las personas solicitantes de la condición de refugiado en México son de nacionalidad hondureña, seguido por personas provenientes de El Salvador, Cuba, Venezuela y Haití.  

Esta alza en los números se puede explicar por la llegada de las “caravanas” desde finales de 2018 o grupos organizados de personas que viajan desde sus lugares de origen a México, algunos con la expectativa de llegar a los Estados Unidos. Se trata de grupos heterogéneos en donde se pueden encontrar personas que presentan distintas necesidades específicas de protección: mujeres, niños, niñas y adolescentes acompañados y no acompañados o personas con discapacidad, entre otras.
 
La mayoría de las solicitudes de asilo se presentan en ciudades fronterizas del sur de México sobre todo en los estados de Chiapas y Tabasco, que se encuentran entre las entidades más pobres del país. Esto limita la capacidad de las personas solicitantes de asilo para acceder a trabajos y servicios y las pone en riesgo de ser encontradas por agentes de persecución.
 
Del total de solicitudes de 2019 el 65% fueron iniciadas en el estado de Chiapas, que incluye, entre otras ciudades, Tapachula, Frontera Comalapa, Comitán, San Cristóbal de las Casas y Tuxtla Gutiérrez. Porcentaje que coincide con lo acaecido entre enero y mayo de 2020, donde de nueva cuenta el 65% de las solicitudes del reconocimiento de la condición de refugiado fueron iniciadas en dicho estado.
 
Un gran reto que se acarrea desde años anteriores es el aumento de atrasos (backlog) en el proceso de elegibilidad de refugiados por parte del gobierno mexicano (COMAR), pues en ocasiones dicho proceso se puede extender más de seis meses. A ello debe sumarse que desde el 01 de junio del año en curso las actividades de la COMAR fueron suspendidas de manera indefinida a causa de la pandemia mundial del COVID-19, lo que generará atrasos aún mayores en sus procesos y mayores tiempos de espera para las personas solicitantes.